plan puebla panamá

nombre: RUTH BETSABE MORATO LOYA                           Grupo: 415
plan puebla panamá


El Plan Puebla Panamá (PPP) se define como un proyecto de desarrollo sustentable e integral, creado y propuesto por el presidente mexicano Vicente Fox. Está dirigido a los estados del sur –sureste de México, (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) y a los países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá)-.

Propone relanzar la cooperación México-Centroamérica, consolidando el esquema de apertura comercial, gestionando recursos para obras de infraestructura de interés común, fortaleciendo y ampliando los mecanismos institucionales de concertación de políticas.

Este proyecto inició su marcha de manera formal en San Salvador con motivo de la Cumbre Extraordinaria sobre “Mecanismos de Diálogo y Concertación de Tuxtla”. Su prioridad es, según sus proponentes, “contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes” de la región con carácter de promoción y gestor de inversión generadora de empleo, además de la modernización de la infraestructura, para facilitar los procesos de integración.

De acuerdo a lo convenido por los presidentes centroamericanos y el de México, en el marco de lo que estipula el PPP, éstos se comprometieron a impulsar las llamadas “Iniciativas Mesoamericanas”. Contiene ocho componentes, en su orden:

Desarrollo sostenible

Desarrollo humano

Prevención y mitigación de desastres naturales

Promoción del turismo

Facilitación de intercambio comercial

Integración vial

Interconexión energética

Integración de los servicios de telecomunicaciones

¿Qué implicaciones tiene en nuestra realidad?

La concepción del PPP es antidemocrática, los gobiernos centroamericanos aprobaron un diseño elaborado por el gobierno mexicano como intermediario del gobierno norteamericano para la región.

Es un proyecto geopolítico prefabricado que busca construir en Mesoamérica un área de servicios e infraestructura, diseñado desde la lógica de empresas trasnacionales, grupos oligárquicos nacionales y organismos financieros internacionales lo que da pie a la violación de la soberanía de nuestros países y la autodeterminación de los pueblos, pues les priva de su derecho a participar en los procesos de toma de decisiones.

El PPP retoma además proyectos severamente cuestionados por sus riesgos ambientales y sociales, además carecen de mecanismos efectivos de participación social.

Es un modelo económico excluyente, ilegal e ilegítimo que viola compromisos contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por la mayoría de los países de Mesoamérica. No considera los derechos de los trabajadores nacionales y los migrantes y genera políticas represivas hacia éstos.

Promueve la construcción de obras de infraestructura como embalses en los ríos, terminales de transporte, puentes, etc., que ocasionan consecuencias desastrosas como la destrucción de bosques, expulsión de población indígena y campesina de sus tierras, impacto al medio ambiente.

Este megaproyecto, al servicio de las transnacionales, no toma en cuenta las necesidades en materia de derechos humanos económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos, facilita la privatización de los servicios públicos básicos (luz, agua potable, telefonía, seguridad social), y recursos naturales estratégicos (agua, petróleo, bosques, biodiversidad, etc.).

Con la ejecución de este plan se pretende la apertura de los mercados y la aceleración de los procesos de producción de mercancías, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, con la utilización de semillas de alimentos genéticamente modificados y el uso de agroquímicos.


El PPP es parte de una estrategia de expansión del Capital y de la globalización neoliberal, además de ser un importante complemento para la concreción del ALCA, que busca mantener las relaciones de dependencia y subdesarrollo, someter a nuestros pueblos a un modelo de desarrollo regional basado en las maquiladoras.